Es por medio de un proyecto presentado por la diputada nacional electa por la Ciudad, Gisela Marziotta, donde el oficialismo nacional propone modificar el régimen de alquileres de inmuebles para vivienda y suspender momentáneamente los aumentos.
El proyecto presentado por la diputada nacional del Frente de Todos, con asignación en la Ciudad de Buenos Aires, Gisela Marziotta, donde propone la creación de la Cámara Nacional de Alquileres, en paralelo con la modificación del régimen de alquileres de inmuebles para vivienda. Además, también busca la suspensión de los aumentos hasta que entre en vigencia la nueva ley.
La iniciativa establece que «se prohibirá, en caso de que el alquiler sea con destino habitacional, que el locatario pida el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes y que los depósitos de garantía sean más elevados que el valor de alquiler mensual”.
Asimismo, la presentación también indica que se suspenderían los aumentos hasta que entre en vigencia la nueva ley, lo que deriva a que la modificación en las tarifas sea regulada por la nueva Cámara Nacional de Alquileres, órgano autárquico creado por la norma. Por esto, Marziotta argumentó: «El acceso a la vivienda es un derecho humano que tiene que estar asegurado por el Estado».
Otra de las características que remarca en el texto es que los depósitos podrán ser pagados en seis cuotas iguales a partir de la fecha de la firma del contrato, y que, al momento de renovar el alquiler, en caso de que el locador no responda al pedido de renovación del locatario, el contrato se renovará automáticamente por el plazo previo.
La CNA será el órgano clave en la regulación de precios de alquileres y control de contratos. Estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo –uno del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y otro de la Secretaría de Comercio–, un representante de los locatarios y otro de los locadores, que deberán pertenecer a asociaciones que representen a ambos sectores. Además, deberá tener paridad de género y se reunirá mensualmente como mínimo.
La diputada nacional argumentó: “La ley que sancionamos en la pandemia fue un gran avance, por eso mismo fue resistida y boicoteada por los principales actores del mercado. Pero tampoco podemos dejar de lado que, con el contexto pandémico, al que se suman un dólar en alza y una inflación interanual que supera el 50 por ciento, inmuebles dolarizados y salarios que no se recuperan, es necesaria mayor presencia del Estado».
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