Se trata de la «Clínica Nueva Belgrano», que está investigada por «irregularidades relativas a la seguridad e higiene». Hay tres imputados ya que el personal no tenía «habilitación profesional”.
La fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) número 5 de la Ciudad realizó la clausura de la Clínica Nueva Belgrano, ubicada en Dragones al 1800, luego de una inspección donde encontró «irregularidades relativas a la seguridad e higiene». Además, los miembros del personal del establecimiento no contaban con la «habilitación profesional compatible con las funciones desempeñadas», situación por la que además quedaron imputadas tres personas.
Por esta situación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño detalló que «ya se encuentra clausurada y solo funciona en pos del mantenimiento de los pacientes que ya están internados, pero no puede recibir ni atender nuevos pacientes, ya sea por consultorios externos o por emergencias de guardia».
Previo a la clausura se realizó una inspección donde se constató que una de las profesionales «con especialidad en médica clínica se hacía pasar por cardióloga, sin poseer dicho título habilitante» y otra de las trabajadoras que «se desenvolvía como enfermera no pudo acreditar su título».
A su vez, otro de los elementos del cierre es que se encontraron dentro del inmueble donde funciona el centro médico de siete pisos «medicamentos vencidos y en conservación técnica farmacéutica deficiente, que fueron sacados de circulación» y se pudo constatar «faltas generales relativas a la seguridad del establecimiento, así como faltas concernientes al correcto tratamiento de residuos peligrosos, patogénicos y patológicos».
A su vez, la inspección comprobó que el establecimiento no contaba con «certificación de aptitud ambiental como generador de residuos peligrosos, ni con certificado de tratamiento y disposición final de residuos patogénicos, ni con sector de acopio de residuos patogénicos, encontrándose durante la inspección residuos patogénicos en contenedor junto a residuos urbanos».
El inicio de la investigación fue por tareas de patrullaje virtual por parte de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad, que «detectó la existencia en redes sociales de mensajes agraviantes hacia la clínica por parte de supuestos familiares de pacientes».
Luego del allanamiento quedaron imputados en la causa «la médica clínica que se hacía pasar por cardióloga sin estar inscripta en el Ministerio de Salud para dicha especialidad, una persona que se desempeñaba como enfermera que no pudo acreditar título habilitante, y el responsable de la clínica».
La causa que continúa en investigación cuenta con la colaboración de distintas instituciones que participaron del operativo como la Dirección General de Fiscalización y Control, personal policial y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF; la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud, la Dirección General de Protección del Trabajo y la Agencia de Protección Ambiental (APRA).
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